En este sentido, en ese documento, desde CERMI aseguran que “es obligación de los poderes públicos crear las condiciones propicias y remover los obstáculos que impiden o dificultan que la inclusión laboral sea real y efectiva” y recuerdan que la población con discapacidad es la “más castigada” con “elevadas tasas de desempleo, muy superiores a los de la población sin discapacidad”.

 

Esta situación, según el CERMI “solo puede ser revertida con vigorosas políticas públicas de empleo y con legislación general y específica que favorezca progresivamente el acceso al empleo de este grupo de población y que tengan en cuenta la igualdad de trato y la no discriminació

 

Por ello, la entidad considera este como un momento “propicio” para vigorizar las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad y hacer de ello “un objetivo prioritario” de las políticas públicas que quede impregnado en la nueva Ley de Empleo.

 

Para el CERMI, el empleo de las personas con discapacidad, es fuente determinante de autonomía económica, y, por tanto, base para un proyecto de vida libremente elegido y para la inclusión en la comunidad. Sin embargo, aseguran que el acceso al empleo se da en posiciones precarias y marginales, con una brecha salarial desatada, y con menos derechos y muy frágiles. 

 

 

Entre las principales reivindicaciones destaca un “vigoroso marco de protección de los derechos y contra la discriminación en el acceso, permanencia y progreso en el empleo” así como reconocer el papel esencial de la empresa social y de soluciones autogestionadas de personas con discapacidad y de sus organizaciones sociales representativas.

 

La plataforma de la discapacidad también exige consideración específica reforzada en las políticas de empleo para las mujeres con discapacidad puesto que las trabas se multiplican en estos casos.

 

Otra de las peticiones es la conexión del empleo de las personas con discapacidad con las oportunidades de la Nueva Economía, que se caracteriza por ser “verde, sostenible, social, digital e inclusiva” y que la inclusión laboral esté alienada con esferas que la condicionan y en las que existe interdependencia: la accesibilidad, la educación, el nivel de vida adecuado. “Si no se actúa en los ámbitos relacionados no se avanzará en inclusión laboral decente”, declaran desde CERMI.

 

Asimismo, recalcan que la nueva Ley “debe revisar las restricciones que los dispositivos públicos de protección social como el Sistema de la Seguridad Social y servicios sociales”, puesto que “están impidiendo o dificultando gravemente los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad”.

 

Finalmente, el CERMI pide que se favorezcan en la nueva Ley las alianzas del movimiento de la discapacidad con los interlocutores sociales para poder participar en el diseño de las políticas y los grandes acuerdos y con todas las instancias económicas que generan empleo y desarrollo económico (sostenibilidad social, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030).